Concejal Julián Forero denuncia presunta carta de Grúas y Patios, cuestiona restricciones de Movilidad en Bogotá

Actualizado el 17 de abril de 2026

El concejal Julián Forero reveló un presunto memorando interno de la empresa G&P Bogotá S.A.S., contratista del servicio de grúas y patios, donde se reconoce un retraso en el pago de salarios. Según Forero, esta situación coincide con las recientes restricciones de movilidad impuestas en Halloween y las que volverán a aplicarse el 7 de diciembre, medidas que, a su juicio, podrían estar beneficiando al contratista más que cuidando la seguridad vial.

Una denuncia con nombre propio

En la noche de este martes, desde su oficina en el Concejo de Bogotá, el concejal Forero —también conocido como “Fuchi”— publicó un video acompañado de su asesora Joana Bayona, anunciando lo que calificó como una “chiva”. En el mensaje, Forero afirmó que un trabajador de G&P le envió un documento interno en el que se notificaba a los empleados sobre un retraso en el pago de sus salarios.

El documento, fechado el 5 de noviembre, fue emitido por la Gerencia General de G&P y explicaba que los bajos recaudos durante el año habían impedido cumplir con los pagos de octubre. En el texto se pedía “comprensión y compromiso” a los trabajadores ante la situación financiera.

Para Forero, este memorando es una señal de alerta sobre la situación económica de la empresa contratista, que opera el sistema de grúas y patios de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Además, el concejal cuestionó que justo después de este reconocimiento de dificultades, la entidad distrital haya ordenado restricciones vehiculares que derivaron en decenas de inmovilizaciones durante Halloween y que se repetirán el próximo 7 de diciembre, Día de las Velitas.

“¿Será que la restricción que nos pusieron era para beneficiar a este contratista?”, preguntó el cabildante en su intervención.

Restricciones en Halloween y Velitas: las medidas bajo la lupa

Las dos fechas señaladas por Forero coinciden con operativos especiales de la Secretaría de Movilidad que restringieron la circulación nocturna de motocicletas en la capital, bajo el argumento de reforzar la seguridad ciudadana y evitar siniestros viales.

Durante la noche del 31 de octubre, la medida generó inconformidad entre motociclistas debido a que derivó en la inmovilización de numerosos vehículos. Videos publicados en redes sociales mostraron largas filas de motos siendo trasladadas a patios, situación que —según el concejal— habría coincidido con las dificultades económicas del contratista G&P.

Forero sostiene que, si el operador enfrenta un déficit financiero y el Distrito impone restricciones masivas, el resultado puede ser un incremento artificial en las inmovilizaciones, lo cual favorecería al concesionario en lugar de proteger la seguridad de los ciudadanos.

El concejal alertó que la misma situación podría repetirse durante la noche del 7 de Velitas, cuando nuevamente se prohibirá la circulación de motos en amplios sectores de Bogotá. “Vamos a ver si el número de inmovilizaciones aumenta, y si con eso el contratista mejora su recaudo. Eso no sería coincidencia”, afirmó.

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El contrato de grúas y patios: un modelo cuestionado

El servicio de grúas y patios en Bogotá está concesionado a G&P Bogotá S.A.S., empresa que obtuvo el contrato en 2018 para operar por diez años. Según debates en el Concejo, el contrato otorga al concesionario aproximadamente el 82 % de los ingresos, mientras que el Distrito recibe solo el 17,7 %.

Este modelo ha sido criticado por su desequilibrio económico y por supuestas deficiencias en la supervisión del servicio. Además, la Procuraduría General de la Nación ha abierto investigaciones sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato, especialmente por denuncias de abuso en tarifas y en el proceso de inmovilización de vehículos.

En palabras del concejal Forero, la situación refleja una estructura “que prioriza la rentabilidad privada sobre el bienestar ciudadano”. A su juicio, si el contratista enfrenta problemas de liquidez, las medidas de restricción podrían convertirse en un mecanismo indirecto de compensación económica.

Trabajadores afectados por retrasos en los pagos

El memorando difundido por Forero deja ver una crisis laboral dentro del contratista. El documento señala que la empresa “realiza gestiones para resolver los pagos lo más pronto posible”, pero no aclara cuánto tiempo lleva el retraso ni cuántos empleados están afectados.

Forero advirtió que esta situación podría vulnerar derechos laborales y pidió a las autoridades competentes —entre ellas la Personería de Bogotá y la Superintendencia de Vigilancia Laboral— que verifiquen el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores.

Efectos sobre los ciudadanos

La denuncia también pone sobre la mesa las consecuencias para los conductores y motociclistas bogotanos. Si las restricciones aumentan las inmovilizaciones, los ciudadanos enfrentan mayores costos por patios, grúas y bodegaje.

Entre los principales efectos señalados por analistas se encuentran:

• Incremento del número de vehículos retenidos en operativos.
• Mayores costos para los propietarios de motocicletas y automóviles.
• Riesgo de deterioro de los vehículos por largas estancias en patios.
• Pérdida de confianza ciudadana en la Secretaría de Movilidad.

Además, durante la jornada de Halloween, se reportaron más de 800 comparendos y múltiples casos de inmovilización, lo que refuerza la preocupación sobre el posible impacto económico de las restricciones en favor del contratista.

La Secretaría de Movilidad en el centro del debate

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), como entidad contratante, tiene la responsabilidad de garantizar que el servicio se preste sin conflicto de intereses y con pleno respeto por los derechos laborales y ciudadanos. Hasta el momento, la SDM no se ha pronunciado oficialmente sobre el memorando ni sobre la denuncia del concejal.

De confirmarse los retrasos salariales, el Distrito deberá determinar si el contratista ha cumplido con las condiciones financieras establecidas en el contrato y si las restricciones recientes tuvieron algún impacto económico directo sobre el concesionario.

Forero también anunció que pedirá la intervención de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de Bogotá para que revisen el caso. “No puede ser que la Secretaría de Movilidad se convierta en una aliada del contratista mientras los ciudadanos y los trabajadores pagan las consecuencias”, afirmó.

El 7 de Velitas: nueva prueba para la administración distrital

La próxima fecha de restricción —el 7 de diciembre, Día de las Velitas— se perfila como un nuevo punto de tensión. Forero anticipó que hará seguimiento a la jornada y pedirá cifras oficiales sobre comparendos e inmovilizaciones.

“El Distrito debe demostrar que estas medidas no son una fuente de ingresos para un privado, sino una política de prevención. De lo contrario, estamos ante un problema ético y administrativo”, expresó el concejal.

La denuncia del concejal Julián Forero pone en evidencia un posible conflicto entre los intereses del contratista y el bienestar ciudadano. El caso abre la puerta a una revisión de fondo sobre el modelo de concesión de grúas y patios en Bogotá.

Mientras tanto, el Distrito enfrenta el reto de garantizar que las restricciones sean medidas técnicas y no decisiones que beneficien intereses privados. Si el documento presentado por Forero se confirma como auténtico, las entidades de control deberán determinar si la Secretaría de Movilidad actuó con la debida diligencia o si hubo un favorecimiento indirecto al contratista.

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