Actualizado el 17 de abril de 2026

Para el gremio de las dos ruedas en Santander, movilizarse por el anillo vial o el casco antiguo de Girón implica enfrentar una incertidumbre constante. Más allá del estado de la infraestructura, ha cobrado fuerza una preocupación mayor: las recientes denuncias sobre un presunto entramado de corrupción que, según veedurías ciudadanas, estaría operando al interior de la Secretaría de Tránsito Municipal.

Una investigación periodística, impulsada por las denuncias públicas del exconcejal Carlos Parra, ha expuesto indicios de lo que él califica como un “negocio” irregular montado sobre las infracciones de tránsito. En el centro de la polémica figura un agente con un volumen inusual de procedimientos sancionatorios y una supuesta conexión con una empresa privada.

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La génesis de la denuncia: ¿Irregularidades en los comparendos?

En diciembre de 2025, la opinión pública conoció los detalles de una operación que los denunciantes han tildado de “atracadero”. Las presuntas irregularidades apuntan directamente al agente de tránsito Diego Cristancho Blanco.

Según la documentación radicada ante los entes de control, existen patrones que sugieren un modelo de operación atípico:

• Volumen de sanciones: Se atribuye al funcionario la imposición de más de 800 comparendos en un periodo de diez meses (febrero a diciembre de 2025).
• Focalización en motos: Una gran proporción de estas sanciones recae sobre motociclistas, frecuentemente por causales que los conductores denuncian como subjetivas o en procedimientos cuestionables.

La investigación plantea que el objetivo de este alto flujo de multas en Girón no sería exclusivamente la seguridad vial, sino el presunto direccionamiento de los infractores hacia una entidad específica para la realización de cursos pedagógicos: el Centro Integral de Atención Vial del Chicamocha S.A.S.

El supuesto “costo” del trámite irregular

La denuncia expone un mecanismo que monetizaría la infracción a través de un sistema paralelo. Según la evidencia presentada por Parra, a los conductores sancionados se les ofrecería una “solución rápida” a cambio de una suma que rondaría los $130.000 pesos.

Este pago tendría, presuntamente, dos fines contrarios a la ley:

1. Eliminación del comparendo: Borrar la sanción de las plataformas oficiales (SIMIT/RUNT), lo cual implicaría un acceso no autorizado al sistema contravencional.
2. Certificación fraudulenta: Permitir al infractor acceder al descuento de ley sin asistir presencialmente al curso pedagógico de dos horas.

Los audios revelados: “Si no pagan, les toca el curso”

La controversia se agudizó en enero de 2026 tras la filtración de audios y chats de WhatsApp que forman parte del acervo probatorio entregado a las autoridades. En uno de los audios, atribuido presuntamente al agente Cristancho, se escucha una instrucción sobre cómo gestionar a los infractores:

“Si no quieren pagar los $30.000, les toca que se vayan a hacer el curso arriba, donde les toca sacar la cita, y quedarse allá las dos horas”.

Para los expertos legales consultados, este material podría ser indicio de:

• Coacción: El uso del procedimiento legal como una amenaza o castigo por no acceder al pago irregular.
• Coordinación logística: Los chats sugerirían una comunicación en tiempo real entre el agente en vía y tramitadores externos.

La conexión con CIA Chicamocha

Como parte de la verificación de datos, Mundo Motor revisó los antecedentes de la empresa mencionada en el escándalo: Centro Integral de Atención Vial del Chicamocha S.A.S. (NIT 900.496.856-0).

Los registros mercantiles confirman que la empresa solicitó su traslado a Girón, ubicándose en la Carrera 58 No. 8-37, una zona clave dentro de la jurisdicción del agente cuestionado. La denuncia enfatiza que, aunque el nombre del funcionario no figura en los documentos de la empresa, las autoridades deberán investigar si existen vínculos familiares o figuras testaferras que constituyan un conflicto de intereses.

Contexto: Crisis administrativa en Girón

Este escándalo no ocurre en el vacío. Girón atraviesa una etapa de inestabilidad institucional tras la nulidad electoral del alcalde Campo Elías Ramírez y los subsiguientes encargos en la alcaldía.

Adicionalmente, la Secretaría de Tránsito enfrenta sus propios retos internos. Su Director Operativo, José Manuel Reinozo Gómez, fue reintegrado al cargo en noviembre de 2025 por orden judicial tras una tutela, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de supervisión y control jerárquico dentro de la entidad en este momento.

Estado actual del proceso y derecho a la defensa

Frente a la gravedad de las acusaciones, el panorama es el siguiente:

• La Defensa: Se ha reportado que el agente niega categóricamente las acusaciones, defendiendo la legalidad de sus operativos. Asimismo, se ha alertado sobre el posible uso de Inteligencia Artificial para manipular audios, argumento que podría ser central en su defensa legal.
• Autoridades: La Secretaría de Tránsito anunció una “revisión interna”. Por su parte, las pruebas ya reposan en el Ministerio de Transporte y la Procuraduría General de la Nación.

Análisis: Impacto en la seguridad vial

Para la comunidad de motociclistas en Colombia, este caso es emblemático. Si las investigaciones confirman los hechos, se estaría ante delitos de concusión y cohecho propio, donde la autoridad se desdibuja para convertirse en una herramienta de recaudo.

Desde este medio de comunicación, instamos a la ciudadanía a documentar sus procedimientos, exigir transparencia y denunciar cualquier anomalía ante la Superintendencia de Transporte. La legalidad en las vías es un derecho que no se negocia.

Nota Editorial y Descargo de Responsabilidad

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Angelo Aponte

Autor
Director creativo y de arte, cofundador y redactor SEO, además de analista en Mundo Motor. También con experiencia en el monitoreo de radio, televisión y prensa para Simbiu.es y Simbiu.cl.

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