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El debate sobre los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST) en Colombia llegó a su punto más álgido tras la intervención directa de la Casa de Nariño. En las últimas jornadas, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó una auditoría exhaustiva e inmediata a todas las cámaras de velocidad y detección electrónica instaladas en las vías del país. La decisión responde al malestar generalizado de millones de conductores particulares, transportadores de carga y motociclistas, quienes denuncian que estos dispositivos se transformaron en un esquema lucrativo de recaudo para operadores privados y administraciones locales, desplazando el objetivo técnico de salvar vidas en las carreteras.

Los primeros resultados de esta batida institucional ya encendieron las alarmas: una revisión preliminar detectó cerca de 40.000 comparendos que habrían sido impuestos de forma irregular a lo largo y ancho del territorio nacional. Frente a este escenario, el mandatario instruyó al Ministerio de Transporte, en cabeza de la ministra Elsa Noguera, y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), ejecutar un plan de choque jurídico y tecnológico para frenar el funcionamiento de cinemómetros sin calibrar, revocar licencias dudosas y cruzar las bases de datos con el SIMIT y el RUNT.

A continuación, analizamos al detalle los pronunciamientos del jefe de Estado, las acciones que implementará la cartera de transporte, las alertas sobre presuntos sobrecostos reveladas por figuras políticas como la concejal Rocío Dussán y lo que deben tener en cuenta los ciudadanos ante el cobro de estas sanciones.

La postura del presidente Abelardo de la Espriella: “No son para hacer negocios”

La postura de Abelardo de la Espriella frente a los cobros de las fotodetecciones ha sido contundente y sin matices. A través de declaraciones públicas y alocuciones en canales institucionales, el mandatario enfatizó que el Estado colombiano no puede operar como un cazador de rentas a expensas de la ciudadanía. Para el Ejecutivo, la proliferación desmedida de cámaras en tramos rectos de doble calzada con variaciones intempestivas de velocidad desvirtúa por completo el sentido de la prevención vial.

“La seguridad vial no puede ser una excusa para esquilmar al ciudadano. El dispositivo que no cumpla la ley no puede operar. Y donde encontremos irregularidades, actuaremos. Menos discursos y más resultados”.

Con estas palabras, el presidente ratificó que las herramientas tecnológicas deben estar orientadas a la disminución de índices de siniestralidad crítica y no al cumplimiento de metas financieras de concesionarios privados. En ese mismo sentido, el jefe de Estado recalcó en su intervención pública:

“No podemos permitir más atropellos contra los colombianos. El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él. Ministra Elsa Noguera, ese es el camino. Ya está bueno de tantos abusos. Le pido que revise a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional”.

El mandatario advirtió que cualquier dispositivo que opere como una trampa recaudatoria sin la señalización reglamentaria a la distancia estipulada por la ley, o sin la calibración técnica certificada, será desconectado de manera fulminante.

El paso a seguir: plan de choque con el Ministerio de Transporte y la ANSV

La directriz emanada de la Presidencia de la República activó de inmediato al Ministerio de Transporte. La ministra Elsa Noguera confirmó que el despacho gubernamental desplegó un equipo interdisciplinario para pasar revista a cada uno de los puntos fijos y móviles autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La hoja de ruta planteada por el Gobierno Nacional ante el sector transporte contempla cuatro ejes operativos fundamentales:

1. Revisión de sustento técnico y estudios de siniestralidad: Se evaluará si los puntos donde están instaladas las cámaras presentan antecedentes reales de alta accidentalidad o si su ubicación responde a criterios de conveniencia económica.
2. Inspección de calibración de cinemómetros: Cada radar debe contar con los certificados de calibración vigentes expedidos por laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Aquellas cámaras con márgenes de error fuera de norma quedarán inhabilitadas.
3. Control sobre cámaras móviles y vehículos fiscalizadores: El Gobierno ordenó extremar el control sobre automóviles y furgonetas equipadas con cámaras que recorren vías municipales emitiendo comparendos de forma indiscriminada sin la presencia física de una autoridad o agente de tránsito calificado.
4. Verificación de la señalización previa: Se auditará el cumplimiento del aviso visible con la leyenda “Detección Electrónica”, el cual debe estar ubicado a una distancia mínima de 500 metros en carreteras nacionales y departamentales, tal como lo exige el marco normativo vigente.

La ministra Elsa Noguera ya había dado las primeras señales de esta política al intervenir en tramos neurálgicos como la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena, donde calificó de excesiva la concentración de radares y solicitó formalmente la suspensión de dispositivos para evitar que el tránsito intermunicipal se convierta en una experiencia punitiva.

Los 40.000 comparendos bajo sospecha y las primeras revocatorias

La auditoría coordinada entre las autoridades del sector arrojó un primer hallazgo de grandes proporciones: cerca de 40.000 comparendos de tránsito se emitieron desde cámaras que presentaban vicios de procedimiento.

Entre las anomalías técnicas detectadas sobresalen dos causales de invalidez administrativa:

• Falta de registro de inicio de operación: Dispositivos que, a pesar de contar con una aprobación en papel, comenzaron a sancionar a los conductores sin haber formalizado el acta de inicio de operaciones ante las autoridades rectoras del sistema.
• Incompetencia territorial y cambios de jurisdicción: Dispositivos instalados por administraciones municipales en vías de orden nacional o departamental que excedían su radio de competencia legal.

Un ejemplo representativo de estas determinaciones técnicas ocurrió en Cartago (Valle del Cauca), donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le cerró el paso y negó la entrada en funcionamiento a un sistema de fotodetección tras constatar que no cumplía con los estándares y requerimientos técnicos indispensables. A su vez, el Gobierno confirmó que ya están en curso los trámites administrativos para revocar de oficio la autorización de al menos 12 dispositivos de fotodetección en diferentes regiones del país por inconsistencias normativas insalvables.

Cruce de datos: el papel del SIMIT y las auditorías en el RUNT

El eslabón crítico para los conductores afectados radica en las plataformas donde reposan las infracciones: el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), administrado por la Federación Colombiana de Municipios, y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El plan del Gobierno busca establecer una mesa técnica permanente con el SIMIT. El objetivo prioritario es que aquellos comparendos que provengan de cinemómetros no autorizados o suspendidos sean retirados de manera ágil del sistema, evitando que los ciudadanos queden atados a bloqueos administrativos que les impidan renovar licencias, traspasar vehículos o tramitar paz y salvos.

Por su parte, en el RUNT se mantiene la lupa sobre la validación en tiempo real del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y la Revisión Técnico-Mecánica (RTM). El equipo técnico audita la consistencia en los cobros de consulta de datos y busca garantizar que las infracciones notificadas por plataformas tecnológicas respeten los términos de ley y la debida individualización del conductor infractor, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

El escándalo en Bogotá: las denuncias de Rocío Dussán

El debate nacional sobre los dispositivos de fotodetección coincide con una fuerte controversia en la capital del país. La concejal de Bogotá Rocío Dussán Pérez destapó ante la opinión pública y los entes de control una serie de hallazgos fiscales y anomalías operativas dentro del sistema de cámaras de la Secretaría Distrital de Movilidad.

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De acuerdo con las investigaciones expuestas por la cabildante, respaldadas por informes de auditoría de la Contraloría Distrital, el modelo bogotano presenta fallas estructurales evidentes:

• Disparada en el recaudo: Las cifras reveladas por Rocío Dussán indican un incremento del recaudo por fotodetección del 813%, una cifra astronómica que representa ingresos diarios que rondan los 1.146 millones de pesos para la capital. Esta voracidad recaudadora ha sido calificada como un castigo financiero desmedido hacia los dueños de vehículos.
• Hallazgos fiscales y presuntos sobrecostos: La concejal denunció presuntas irregularidades fiscales que superan los 8.000 millones de pesos. Los cuestionamientos apuntan a convenios y contratos interadministrativos con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), enfocados en la adquisición, mantenimiento e intermediación de tecnología para cámaras de marcas como Hikvision y Neural Labs.
• Inconsistencias operativas: La veeduría liderada por Rocío Dussán dejó al descubierto que, de 81 puntos autorizados en la ciudad, cerca de 35 cámaras han permanecido inactivas o suspendidas por problemas técnicos, y al menos 8 puntos ni siquiera contaban con los dispositivos físicos instalados, pese a que se reportaban contratos de mantenimiento vigentes.
• Distorsión del gasto: Se evidenció una disminución del 40% en inversión directa de modernización tecnológica, mientras que los costos por nómina y gasto burocrático asociado al procesamiento de comparendos crecieron exponencialmente.

Estas denuncias en la capital del país fortalecen el argumento del presidente Abelardo de la Espriella: el negocio de las fotomultas requiere una reestructuración de fondo para evitar que intermediarios y operadores privados lucren a costa de deficiencias normativas.

Marco legal y derechos del conductor: ¿cómo actuar ante un comparendo dudoso?

Para los conductores colombianos, la orden presidencial abre un compás de espera sobre la validez de miles de sanciones. Sin embargo, la normativa de tránsito establece mecanismos que todo usuario debe conocer para defenderse de infracciones expedidas fuera de los parámetros de la ley:

• Principio de solidaridad e identificación (Sentencia C-038 de 2020): La Corte Constitucional determinó que la responsabilidad sancionatoria en materia de tránsito es personal. En faltas de velocidad y paso de semáforos en rojo, la autoridad debe probar plenamente quién conducía el vehículo. El propietario no puede ser sancionado de manera automática si no se acredita su identidad al volante.
• Términos de notificación personal: El organismo de tránsito cuenta con un plazo estricto de tres (3) días hábiles tras la ocurrencia del hecho para validar la infracción y enviarla a la empresa de mensajería certificada. Si la notificación llega a destiempo o a una dirección diferente a la registrada en el RUNT, se vulnera el derecho al debido proceso.
• Derecho a la impugnación: Al recibir la orden de comparendo, el ciudadano tiene derecho a solicitar una audiencia pública de descargos (presencial o virtual). En dicha diligencia, el conductor puede exigir que el organismo de tránsito aporte la copia de la calibración vigente del cinemómetro y la autorización legal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para ese punto específico.
• Revocatoria directa o caducidad: Si la autoridad no resuelve la situación jurídica dentro del año siguiente a la imposición del comparendo mediante una resolución sancionatoria debidamente ejecutoriada, opera el fenómeno de la caducidad (Artículo 161 del Código Nacional de Tránsito).

Conclusiones del remezón en el sector transporte

La instrucción de Abelardo de la Espriella representa una transformación en la forma como el Estado colombiano supervisa las tecnologías de tránsito. Al articular las pesquisas de campo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las directrices del Ministerio de Transporte a cargo de Elsa Noguera, y la depuración del SIMIT y el RUNT, el Gobierno Nacional busca erradicar las trampas viales y restablecer la confianza ciudadana.

La seguridad vial en Colombia no se construye escondiendo radares en bajadas pronunciadas o emitiendo sanciones automáticas sin sustento técnico. Se logra mediante una infraestructura vial segura, señalización clara, pedagogía preventiva y un control riguroso donde la tecnología salve vidas y deje, definitivamente, de operar como un negocio. Para los millones de propietarios de carros y motos en el país, el avance de esta auditoría definirá si los 40.000 comparendos cuestionados se convertirán en la mayor anulación masiva de multas en la historia del tránsito nacional.

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