La Procuraduría abrió una actuación preventiva por la mortalidad de motociclistas

Actualizado el 7 de noviembre de 2026

La Procuraduría General de la Nación abrió una actuación preventiva para revisar las condiciones de seguridad vial de los motociclistas en Colombia. El organismo tendrá seis meses para examinar la información disponible, cómo se están aplicando las normas de seguridad vial y si las autoridades y los actores regulados están cumpliendo sus obligaciones. La decisión se conoció el 30 de septiembre de 2026 y fue reportada por Asuntos Legales.

Para el motociclista no hay un cambio inmediato: la actuación no crea requisitos nuevos ni modifica ninguna norma de tránsito. Lo que sí puede producir, al final del proceso, son recomendaciones y exhortos dirigidos a las entidades responsables de la seguridad vial.

Qué es una actuación preventiva

La Procuraduría tiene tres grandes funciones: disciplinaria, de intervención y preventiva. Una actuación preventiva corresponde a la tercera: no busca sancionar a un funcionario, sino verificar si una entidad pública está cumpliendo lo que le exige la ley antes de que el incumplimiento cause un daño.

En la práctica, eso significa que el organismo pide información, la contrasta y, si encuentra vacíos, emite recomendaciones y exhortos. Son documentos de obligatorio trámite para la entidad destinataria, aunque no imponen una multa.

Es la diferencia que conviene tener clara: el resultado de esta actuación no será un comparendo ni una norma nueva, sino un diagnóstico con instrucciones para alcaldías, secretarías de movilidad y entidades del nivel nacional.

Qué va a revisar la Procuraduría

Según lo reportado, la revisión se concentra en tres frentes durante los seis meses:

• La información disponible sobre siniestralidad y mortalidad de motociclistas.
• La implementación de las normas de seguridad vial que ya están vigentes.
• El cumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades y de los actores regulados.

El objetivo declarado es identificar y hacer seguimiento a los riesgos que puedan comprometer la vida y la integridad de los usuarios de las vías.

Dónde se concentra

La actuación tiene alcance nacional, pero con énfasis en cuatro territorios donde se concentran las tasas más altas de siniestralidad: Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá, Cali y Girón.

La inclusión de Girón, en Santander, es el dato que más llama la atención de esa lista, porque es el único municipio que no corresponde a una de las grandes áreas metropolitanas del país.

Las cifras detrás de la decisión

La Procuraduría sustentó la apertura en datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Estos son los indicadores citados y el contexto que aportan los informes del sector:

Las dos últimas filas explican por qué el diagnóstico admite lecturas distintas. En el balance que publicó la ANDI en enero de 2025 con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, las muertes de usuarios de moto bajaron 2 % en 2024 mientras el parque crecía 20 %. Es decir: el número absoluto de fallecidos sigue siendo alto, pero el riesgo por cada moto que circula viene cayendo.

Esa tensión entre la cifra absoluta y la tasa relativa es, previsiblemente, uno de los puntos que el organismo tendrá que ordenar en su revisión.

Qué cambia para quien anda en moto

Nada en el corto plazo. No hay trámite nuevo, no hay requisito adicional y no hay modificación de la revisión tecnomecánica, del SOAT ni de la licencia por cuenta de esta decisión.

Lo que sí conviene anticipar es el efecto indirecto. Cuando la Procuraduría emite exhortos en materia de movilidad, los destinatarios habituales son las secretarías de movilidad y las alcaldías, que responden con planes de control, campañas o ajustes operativos. Históricamente eso se ha traducido en más operativos de tránsito en las zonas señaladas.

Los cuatro territorios con énfasis son, por lo tanto, los que tienen más probabilidad de ver medidas concretas derivadas del proceso.

Lo que aún no está claro

Tres preguntas quedan abiertas y se resolverán con el avance del proceso:

• Qué entidades específicas fueron requeridas. La información difundida menciona «autoridades y actores regulados» sin individualizarlas. El detalle suele conocerse cuando las entidades responden los requerimientos.
• Cuándo se publicará el resultado. El plazo de seis meses contado desde finales de septiembre de 2026 ubica el cierre hacia marzo o abril de 2027, pero la Procuraduría no anunció una fecha de publicación del informe.
• Si habrá medidas concretas y de qué tipo. Las recomendaciones y exhortos son una posibilidad prevista en la función preventiva, no un resultado anunciado de antemano.

Los avances de este tipo de procesos se publican en la sala de prensa de la Procuraduría General de la Nación, y las cifras de siniestralidad que sustentan el expediente se consultan en el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Información verificada al 8 de octubre de 2026. Precios, normas y condiciones pueden cambiar; confirma con la fuente oficial.

Preguntas frecuentes

¿La actuación preventiva crea nuevas obligaciones para los motociclistas?

No. Es un proceso de vigilancia sobre entidades públicas. No modifica normas de tránsito ni agrega requisitos a los conductores.

¿Cuánto dura el proceso?

Seis meses, contados desde su apertura a finales de septiembre de 2026.

¿Qué ciudades tienen énfasis?

Bogotá, Medellín y el Valle de Aburrá, Cali y Girón, además del alcance nacional.

¿Qué puede ordenar la Procuraduría al final?

Dentro de su función preventiva puede emitir recomendaciones y exhortos a las entidades responsables. No impone multas a los conductores.

¿Por qué se abrió la actuación?

Por los niveles de siniestralidad y mortalidad de motociclistas. La Procuraduría citó cifras de la ANSV, entre ellas 5.194 motociclistas fallecidos en 2024.

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