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5,8 millones de fotomultas serán anuladas en Colombia: SuperTransporte investiga a 37 organismos de tránsito y deberán devolver más de $1 billón
La Superintendencia de Transporte investiga 37 organismos por irregularidades en fotomultas, con posible revocación de 5,8 millones de comparendos y sanciones de hasta $2,1 billones.
El sistema de fotodetección en Colombia entró en su crisis institucional más grande desde su masificación. La Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte abrieron este 19 de mayo de 2026 una investigación administrativa contra 37 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito (SAST), las cámaras conocidas popularmente como fotomultas.
El resultado, en cifras: 7,5 millones de comparendos quedaron bajo la lupa, 5.832.906 deberán ser revocados de oficio porque aún no han sido pagados, y 1.582.398 multas ya canceladas —que representan un recaudo superior a $1,05 billones— podrían ser objeto de devolución. Si las autoridades investigadas son halladas responsables, las sanciones podrían escalar hasta los $2,1 billones, según lo previsto en la Ley 2251 de 2022.
Para el sector motociclista, el universo de afectación es masivo: las motocicletas son uno de los vehículos con mayor exposición a controles por fotodetección en zonas urbanas, y las cuatro ciudades con más comparendos detectados —Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla— concentran simultáneamente el mayor parque motorizado de dos ruedas del país.
El hallazgo: tres modalidades de incumplimiento
La investigación de la SuperTransporte detectó incumplimientos respecto a requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 —conocida como Ley Julián Esteban, marco general de seguridad vial— y en la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, que reglamenta los criterios técnicos para la instalación y operación de los SAST.
El nudo del problema es la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología (INM), requisito indispensable para garantizar la confiabilidad metrológica y la legalidad de las cámaras que miden velocidad e imponen sanciones.
Tres patrones de incumplimiento fueron identificados:
- 12 organismos de tránsito iniciaron operación sin contar con concepto de desempeño. Es decir, comenzaron a imponer comparendos con cámaras que nunca habían sido validadas técnicamente.
- 7 organismos operaron con conceptos expedidos a terceros. Usaron certificaciones que no estaban a su nombre, lo que jurídicamente equivale a operar sin certificación propia.
- 18 organismos obtuvieron los conceptos técnicos después de haber iniciado la operación de los sistemas. Es decir, regularizaron a posteriori una operación que ya venía imponiendo sanciones.
Las tres modalidades, según la Superintendencia, vician la legalidad de los comparendos generados durante los periodos de incumplimiento.
Qué es el concepto de desempeño y por qué tumba las multas
El concepto de desempeño no es un trámite cosmético. Para imponer un comparendo por exceso de velocidad mediante fotodetección, la cámara debe acreditar que mide con precisión metrológica, bajo patrones de referencia nacionales. Sin ese aval, la prueba —que es la base del comparendo— pierde fundamento técnico.
Este requisito está consagrado en el artículo 8 de la Resolución 718 de 2018, que establece que los instrumentos de medición de velocidad deben contar con el Concepto de Desempeño de la Tecnología, en su componente metrológica, emitido por el INM. La función del concepto es garantizar que la cámara no tiene desviaciones que afecten al ciudadano sancionado y que está calibrada conforme a los patrones nacionales de medición.
En la práctica jurídica, los abogados de tránsito vienen utilizando desde hace años derechos de petición para solicitar la revocatoria de comparendos cuando el organismo de tránsito no puede acreditar el concepto de desempeño del SAST que detectó la infracción. La diferencia ahora es que la propia Superintendencia abrió la investigación de oficio y, con ella, el camino para la revocatoria masiva.
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El mapa: Cali concentra el 36% de los comparendos investigados
La Superintendencia identificó que los 37 organismos investigados impusieron en conjunto más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas tecnológicos. Las cuatro ciudades con mayores cifras dentro de la investigación son:
- Cali: 2,7 millones de comparendos.
- Medellín: más de 717.000 comparendos.
- Bogotá: cerca de 294.000 comparendos.
- Barranquilla: más de 131.000 comparendos.
La concentración es contundente: solo Cali aporta más comparendos investigados que las otras tres ciudades sumadas. La lista de municipios investigados se extiende además a Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros, lo que confirma que la problemática no es exclusiva de las grandes capitales sino que cubre también municipios intermedios donde la infraestructura técnica y administrativa para operar SAST suele ser más limitada.
El golpe financiero: $2,1 billones en juego
El desglose económico expuesto por el Gobierno Nacional revela la magnitud de la crisis:
- 1.582.398 fotomultas ya pagadas generaron recaudos superiores a $1,05 billones. Estos recursos podrían tener que ser devueltos a los ciudadanos.
- Sanciones administrativas equivalentes al doble de lo recaudado, conforme a la Ley 2251 de 2022, llevarían el monto total expuesto a más de $2,1 billones.
- 5.832.906 comparendos no pagados quedarán sin validez y deberán ser revocados de oficio.
- Más de 1,4 millones de ciudadanos podrían beneficiarse de la revocatoria automática.
La cifra de $2,1 billones representa un golpe sin precedentes contra el modelo de recaudo por fotodetección que se consolidó en Colombia durante la última década, y plantea preguntas estructurales sobre la sostenibilidad financiera de varios organismos de tránsito municipales que dependen significativamente de este flujo.
La postura del Gobierno: “Las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo”
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, calificó la actuación como un precedente histórico en defensa del debido proceso ciudadano. La funcionaria sostuvo que “las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo” cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, y subrayó que los ciudadanos no pueden cargar con las consecuencias de la falta de rigor administrativo de las autoridades locales.
Por su parte, el superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, deslindó la actuación de la SuperTransporte de cualquier interpretación que la lea como un retroceso en seguridad vial. El funcionario aclaró que la entidad no está actuando contra la seguridad vial sino contra las irregularidades que afectan la legalidad y la confianza ciudadana, y enfatizó que ninguna cámara puede operar sin cumplir los requisitos técnicos y jurídicos exigidos por la ley.
El antecedente: una crisis que venía escalando desde 2020
La investigación masiva anunciada este 19 de mayo no es el primer episodio de cuestionamientos a los SAST en Colombia. Desde 2020 la Superintendencia de Transporte ha venido formulando pliegos de cargos contra organismos de tránsito individuales. Las primeras investigaciones, en plena pandemia, alcanzaron a las secretarías de Movilidad de Medellín, Envigado, Cali, Bello, Sabaneta y Arjona. En 2021 se sumaron Bogotá, Cartago y la Oficina de Tránsito de Magdalena. Para 2023 y 2024 el círculo se amplió a municipios del Magdalena como Fundación, Zona Bananera y Aracataca.
La diferencia de la actuación actual es de escala y de enfoque: por primera vez se anuncia simultáneamente la investigación contra 37 organismos y, sobre todo, se establece de oficio la revocatoria masiva de comparendos no pagados, en lugar de dejar la carga sobre el ciudadano que debe interponer derecho de petición individual.
Marco normativo: qué dice la ley
La operación de cámaras de fotodetección en Colombia tiene un esquema regulatorio robusto pero exigente:
- Ley 1843 de 2017: norma matriz que regula la instalación y puesta en marcha de los SAST.
- Resolución 718 de 2018 del Ministerio de Transporte: reglamenta los criterios técnicos —entre ellos, el concepto de desempeño del INM— para la operación de los sistemas.
- Decreto 2106 de 2019, artículo 109: asigna a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) la responsabilidad de autorizar la instalación de los SAST.
- Ley 2251 de 2022 (Ley Julián Esteban): consolida la política nacional de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y prevé las sanciones aplicables a las autoridades que incumplan los criterios técnicos.
La cadena es clara: ningún SAST puede operar sin autorización de la ANSV, sin concepto técnico favorable, y sin concepto de desempeño del INM en lo que respecta a la medición de velocidad. Cualquier eslabón faltante invalida el comparendo.
Qué deben hacer los conductores que ya pagaron
Para los más de 1,5 millones de ciudadanos que ya pagaron fotomultas dentro del universo investigado, el camino habitual ha sido el derecho de petición ante la autoridad de tránsito que impuso el comparendo, solicitando la acreditación del concepto de desempeño y, en caso de ausencia, la revocatoria y devolución de lo pagado.
La decisión de la SuperTransporte abre la puerta a que esa devolución ocurra por la vía administrativa colectiva. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo el Gobierno Nacional no ha publicado un protocolo único de reclamación, plazos, ni un listado definitivo de los 37 organismos implicados.
Lo que viene
El Gobierno Nacional reiteró que continuará adelantando las actuaciones administrativas necesarias para garantizar que los organismos de tránsito y los sistemas de fotodetección operen con estricto cumplimiento de la ley y total transparencia frente a los ciudadanos.
En la práctica, los próximos pasos previsibles son:
- Publicación del listado completo de los 37 organismos investigados y de los comparendos específicos a revocar.
- Notificación a las autoridades locales para que adelanten la revocatoria de oficio de los 5,8 millones de comparendos no pagados.
- Apertura del procedimiento sancionatorio que podría desembocar en multas de hasta el doble de lo recaudado y en la suspensión de las cámaras hasta que regularicen el concepto de desempeño.
- Diseño de la ruta de devolución para quienes ya pagaron, en función de cada autoridad de tránsito.
La crisis administrativa es también una prueba de fuego para el sistema. La SuperTransporte tendrá que demostrar capacidad de ejecución frente a 37 entidades simultáneamente, mientras el sector motociclista —el más expuesto a fotomultas en Colombia— exige claridad sobre cuáles cámaras seguirán operando, cuáles serán suspendidas y bajo qué condiciones se reanudará la operación.
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Garantía de una moto nueva en Colombia: qué cubre la ley y cómo reclamarla
El Estatuto del Consumidor obliga a marca y concesionario a responder por la moto. Plazos, cobertura, cuándo pueden negar la garantía y cómo reclamar.
Toda moto nueva vendida en Colombia tiene una garantía legal que obliga a la marca y al concesionario a responder, de forma solidaria, por su calidad, seguridad y buen funcionamiento. Lo establece el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), que fija qué cubre esa garantía, desde cuándo corre, cuándo se puede pedir el cambio de la moto o la devolución del dinero y en qué casos la empresa puede negarse. Esta guía resume lo que dice la ley, cómo se aplica en la práctica a una motocicleta y qué pasos seguir si un reclamo no prospera.
Qué es la garantía legal y quién responde
El artículo 7 de la Ley 1480 define la garantía legal como la obligación de todo productor o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los productos. Aplica también a productos vendidos con descuento o en promoción.
El artículo 10 agrega un punto clave para el comprador de moto: la responsabilidad es solidaria entre el productor (la marca o el ensamblador) y el proveedor (el concesionario que vendió la moto). En la práctica, usted puede presentar el reclamo ante cualquiera de los dos. Para que proceda, basta con demostrar el defecto del producto.
Cuánto dura la garantía de una moto nueva
Según el artículo 8, el término de la garantía legal es el que fije la ley o la autoridad competente y, a falta de esa disposición, el que anuncie el productor o el proveedor. Si no se indica ningún término, la ley fija un año para productos nuevos. La garantía empieza a contar desde la entrega del producto al consumidor.
En motos, el plazo suele expresarse en tiempo y kilometraje. Un ejemplo: Suzuki Motor de Colombia ofrece cobertura para piezas originales con defectos de material, fabricación o ensamblaje durante los primeros 12 meses o 20.000 kilómetros, lo primero que ocurra, y una garantía de seis meses para la batería. Cada marca publica sus propias condiciones en el manual de garantía, y conviene leerlas antes de firmar la compra.
| Situación | Término de garantía según la Ley 1480 |
|---|---|
| Moto nueva con término anunciado por la marca | El anunciado por el productor o proveedor |
| Moto nueva sin término indicado | Un año desde la entrega |
| Moto usada vendida por un comerciante, sin renuncia escrita a la garantía | Tres meses |
| Reparación en taller, sin renuncia escrita a la garantía | Tres meses desde la entrega del bien reparado |
La garantía se suspende mientras la moto está en el taller
El artículo 9 establece que el término se suspende mientras el consumidor esté privado del uso del producto por causa de la garantía. Si la moto se cambia por una nueva, el término empieza a correr otra vez desde cero. Si se cambian piezas, esas piezas tienen garantía propia.
Qué cubre la garantía legal
El artículo 11 enumera las obligaciones que incluye la garantía. Aplicadas a una moto, las más relevantes son:
- Reparación totalmente gratuita de los defectos, incluido el transporte de la moto si es necesario, y el suministro oportuno de repuestos.
- Si la moto no admite reparación, reposición o devolución del dinero.
- Si la falla se repite, el consumidor puede elegir entre una nueva reparación, la devolución total o parcial del precio, o el cambio parcial o total del bien por otro de iguales o mejores características.
- Entregar las instrucciones de uso y mantenimiento.
- Disponer de asistencia técnica, que puede tener un costo adicional.
- La entrega material del producto y, cuando aplique, su registro oportuno.
- Mantener disponibilidad de repuestos y mano de obra capacitada incluso después de vencida la garantía, por el término que fije la autoridad o anuncie el productor; esos costos posteriores corren por cuenta del consumidor.
Cuándo la marca puede negar la garantía
El artículo 16 fija cuatro causales de exoneración. El productor o proveedor no responde si demuestra que el defecto proviene de:
- Fuerza mayor o caso fortuito.
- El hecho de un tercero.
- El uso indebido del bien por parte del consumidor.
- Que el consumidor no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento del manual y de la garantía.
La ley pone dos límites a esas excepciones. Primero, la causal del manual no puede alegarse si este no se entregó en castellano. Segundo, quien alegue la exoneración debe demostrar el nexo causal entre la causa invocada y el defecto. No basta con afirmar que hubo mal uso: hay que probar que ese mal uso causó la falla.
Los manuales de garantía de las marcas suelen detallar exclusiones. En el caso de Suzuki, por ejemplo, la marca excluye las piezas de desgaste normal (filtros, pastillas de freno, discos de embrague, llantas, bujías, cadena y piñones, entre otras), los daños por accidente o falta de mantenimiento y las motos usadas en competencias o alquiler, y exige haber cumplido las revisiones periódicas que especifica.
Por qué importan las revisiones de mantenimiento
Como la falta de mantenimiento es una de las causales de exoneración más usadas, el historial de revisiones es la mejor defensa del propietario. Algunas recomendaciones prácticas:
- Haga las revisiones en los kilometrajes o plazos que indica el manual de su moto.
- Guarde las facturas y las órdenes de trabajo, con fecha y kilometraje.
- Use el aceite y los repuestos que especifica el fabricante.
- Si un taller detecta una falla durante la garantía, pida que quede por escrito.
Paso a paso para reclamar la garantía
1. Presente la reclamación directa. Diríjala al concesionario o a la marca. Puede hacerse por escrito, por teléfono o de forma verbal, según el artículo 58 de la Ley 1480. Identifique la moto, la fecha de compra y las pruebas del defecto. Si la reclamación es verbal, la empresa debe expedir constancia escrita del recibo con la fecha y el objeto del reclamo; las reclamaciones por medios electrónicos se entienden presentadas por escrito.
2. Exija la constancia de recibo. El artículo 12 obliga a quien recibe el producto para garantía a expedir una constancia que indique los motivos de la reclamación. Si al entregar la moto no se deja ninguna salvedad, se entiende que el consumidor la entregó en buen estado, salvo por la falla reclamada.
3. Pida la constancia de reparación. Cuando la moto sea reparada, la empresa debe entregar un documento con la descripción de la reparación, las piezas reemplazadas o reparadas, la fecha de entrega y la fecha de devolución. Ese documento es clave si la falla se repite.
4. Espere la respuesta. El productor o proveedor tiene 15 días hábiles desde la recepción de la reclamación para responder, y la respuesta debe contener las pruebas en las que se basa.
5. Si la respuesta no es satisfactoria, acuda a la vía judicial. La demanda por garantía se tramita por el procedimiento verbal sumario ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante el juez competente. Debe acompañarse de la reclamación directa. La Superintendencia tiene competencia en todo el territorio nacional, y también es competente el juez del lugar donde se compró la moto.
El plazo para demandar
El numeral 3 del artículo 58 establece que las demandas por efectividad de la garantía deben presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía. En cualquier caso, hay que aportar prueba de que la reclamación se hizo mientras la garantía estaba vigente. Por eso es importante reclamar por escrito y conservar la constancia apenas aparezca la falla.
Si compra la moto usada
La ley también protege al comprador de motos usadas cuando las compra a un comerciante. Según el artículo 8, los productos usados con la garantía legal vencida pueden venderse sin garantía, pero esa circunstancia debe informarse y aceptarse por escrito. Si no se hace así, se entiende que la moto tiene garantía de tres meses.
Además, el artículo 15 exige que, cuando se ofrezcan públicamente productos usados, reparados o descontinuados, esa condición se indique de forma clara. Y si la moto aún está dentro de la garantía del fabricante, Suzuki, por ejemplo, señala que la garantía se mantiene completa para el nuevo propietario en caso de cambio de dueño.
Garantías extendidas
El artículo 13 permite a marcas, concesionarios o terceros especializados ofrecer garantías suplementarias que amplíen la cobertura legal, gratis o con costo. Si tienen costo, la aceptación del consumidor debe ser expresa y constar por escrito. El artículo 14 exige que consten por escrito, sean de fácil comprensión y tengan caracteres legibles. Antes de pagar una extensión, compare lo que agrega frente a la garantía legal que ya tiene sin costo.
Lo que aún no está claro
La Ley 1480 deja en manos de la autoridad competente fijar términos de garantía y de disponibilidad de repuestos para productos específicos, y a falta de esa regla aplican los que anuncie cada marca. Por eso, la duración exacta de la cobertura y el tiempo durante el cual habrá repuestos para un modelo dependen del manual de garantía de cada fabricante. Ese documento debe entregarse con la moto y es la referencia para saber, antes de la compra, cuánto tiempo y kilometraje cubre.
Preguntas frecuentes
¿Quién responde por la garantía de mi moto: la marca o el concesionario?
Ambos. La Ley 1480 establece que la responsabilidad es solidaria entre productores y proveedores, así que puede reclamar ante cualquiera de los dos.
¿Cuánto tiempo de garantía tiene una moto nueva?
El que anuncie la marca o el vendedor. Si no se indica ningún término, la ley fija un año desde la entrega.
¿Me pueden cambiar la moto si la falla se repite?
Sí. Si la falla se repite, el consumidor puede elegir entre una nueva reparación, la devolución total o parcial del dinero o el cambio por un bien de iguales o mejores características, según la naturaleza del defecto.
¿El tiempo en el taller cuenta dentro de la garantía?
No. El término se suspende mientras el consumidor está privado del uso de la moto por la reparación en garantía.
¿Cuánto tiene la empresa para responder mi reclamo?
Quince días hábiles desde que recibe la reclamación.
¿Hasta cuándo puedo demandar?
Hasta un año después de vencida la garantía, siempre que demuestre que reclamó mientras estaba vigente.
Información verificada al 13 de noviembre de 2026. Precios, normas y condiciones pueden cambiar; confirma con la fuente oficial.
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