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Falsos remates de vehículos de la DIAN: Así opera la red que estafa a los colombianos
La DIAN alerta sobre una red criminal nacional que estafa a ciudadanos con ofertas de vehículos en remates falsos, usando suplantación de identidad y tácticas digitales para manipular a sus víctimas.
Actualizado el 17 de abril de 2026
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha emitido una alerta máxima en todo el territorio nacional ante la proliferación de una sofisticada red criminal dedicada a estafar a los ciudadanos. El fraude se basa en la falsa promesa de adjudicación de vehículos, automóviles y camionetas en supuestos procesos de remate judicial y aduanero a precios irrisorios. Utilizando tácticas avanzadas de suplantación de identidad, documentos institucionales falsificados y plataformas de mensajería instantánea, los ciberdelincuentes han logrado estructurar un engaño masivo que ya deja múltiples víctimas con graves pérdidas patrimoniales.
(Nota editorial: La información, cifras y directrices de seguridad presentadas en este informe corresponden a los protocolos oficiales y comunicados de prensa emitidos por la DIAN con corte a marzo de 2026. Dado que las tácticas de los ciberdelincuentes evolucionan rápidamente, se advierte que algunos métodos de fraude pueden mutar, por lo que es imperativo verificar siempre cualquier actualización normativa en los canales oficiales del Estado colombiano).
La expansión territorial del fraude: Un patrón criminal coordinado
Los reportes oficiales emitidos por la entidad recaudadora (mediante comunicados como el No. 043) confirman que esta modalidad de fraude ha dejado de ser un fenómeno aislado en la capital del país para convertirse en una operación de alcance nacional. Las autoridades han detectado y documentado casos concretos en ciudades estratégicas como Popayán, Tunja, Barrancabermeja y, más recientemente, en el municipio de Pamplona.
Esta dispersión geográfica demuestra que las redes de estafa operan de manera organizada, perfilando a ciudadanos desprevenidos en diferentes regiones del país mediante el uso intensivo de herramientas digitales. El objetivo central de estas organizaciones es claro: aprovechar el desconocimiento generalizado sobre los procedimientos estatales y utilizar el prestigio y la credibilidad de una institución como la DIAN para generar confianza inmediata y, posteriormente, sustraer altas sumas de dinero mediante transferencias electrónicas anticipadas.
Anatomía de la estafa: El ‘modus operandi’ al descubierto
La efectividad de este fraude radica en la ingeniería social. La entidad ha explicado que los delincuentes han diseñado una estrategia por fases, basada en la manipulación psicológica y la suplantación de identidad corporativa. A continuación, se desglosa el paso a paso de cómo operan estas redes:
1. El contacto inicial y el perfilamiento digital
A diferencia de los procedimientos institucionales reales, el contacto de los estafadores suele iniciarse de manera informal. Las víctimas son captadas principalmente a través de redes sociales, siendo Facebook el ecosistema preferido para lanzar anuncios falsos o contactar directamente a usuarios que muestran interés en la compra de vehículos usados. Una vez establecido el primer contacto, los criminales trasladan rápidamente la conversación a aplicaciones de mensajería cifrada, como WhatsApp, para evadir los controles de las plataformas públicas.
2. La falsa autoridad: Carnés y logotipos adulterados
Para vencer la resistencia natural de la víctima, los delincuentes emplean tácticas de suplantación visual. “Personas ajenas a la DIAN estarían contactando a posibles víctimas (…) presentándose como funcionarios”, señala la entidad. Para dar una apariencia de total legalidad a sus engaños, envían fotografías de carnés institucionales falsificados, utilizan los logotipos oficiales del Gobierno Nacional en sus fotos de perfil y redactan oficios que imitan la jerga jurídica y tributaria.
3. La creación de la urgencia y el precio irreal
El gancho principal de la estafa es económico. Los suplantadores envían catálogos en formato PDF con fotografías de automóviles de alta gama, camionetas y motocicletas de modelos recientes, ofreciéndolos a precios que se encuentran muy por debajo del valor comercial real. A esto le suman un componente de urgencia psicológica: aseguran que el vehículo está a punto de ser adjudicado a otro postor o que el “cierre del remate” es ese mismo día, presionando a la víctima para que tome decisiones financieras apresuradas sin tiempo para verificar la información.
4. El cierre financiero: Transferencias a terceros
El último eslabón del fraude ocurre cuando se exige el pago. Los delincuentes solicitan “anticipos”, “pólizas de garantía” o el pago total del supuesto vehículo mediante transferencias inmediatas. El factor crítico que delata la estafa en esta etapa es que los fondos son solicitados a cuentas de ahorros o corrientes de personas naturales, o mediante plataformas de billeteras digitales, algo que está rotundamente prohibido en cualquier trámite estatal legítimo. Una vez el ciudadano transfiere sus ahorros, los estafadores bloquean todo contacto y desaparecen.
Tácticas avanzadas: Del phishing al malware bancario
La suplantación de la DIAN no se limita a la oferta de vehículos. Investigaciones recientes y alertas de ciberseguridad (marzo de 2026) han revelado que el nombre de la entidad también está siendo utilizado en campañas de phishing (suplantación de identidad por correo electrónico) sumamente peligrosas.
Los delincuentes crean direcciones de correo electrónico que simulan ser institucionales (cambiando una sola letra en el dominio o usando extensiones públicas) para notificar a los ciudadanos sobre supuestos cobros urgentes de aranceles de importación, embargos o multas aduaneras. Lo más grave de esta variante es que los mensajes suelen incluir enlaces falsos o archivos adjuntos que contienen malware tipo troyano. Al descargar estos archivos, el ciudadano no solo no accede a ningún expediente real, sino que infecta su dispositivo, permitiendo a los criminales robar información bancaria, contraseñas y datos personales sensibles.
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¿Cómo funciona realmente un remate de la DIAN?
Para no caer en la trampa, es fundamental que la ciudadanía comprenda el camino legal de las subastas públicas. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha sido enfática en aclarar una regla de oro: la entidad no utiliza intermediarios, no realiza ventas directas por catálogo en chats y nunca gestiona remates a través de perfiles personales en internet o redes sociales.
Participar en un remate real requiere de un procedimiento formal, auditable y estrictamente regulado por la ley colombiana:
Plataformas autorizadas y canales institucionales
Los remates legítimos se gestionan única y exclusivamente a través de canales institucionales y plataformas bancarias autorizadas. Históricamente, y en la actualidad, el principal canal para la subasta de bienes aprehendidos, decomisados o embargados por la DIAN es la plataforma de subastas del Banco Popular (El Martillo), o directamente a través del portal oficial de la entidad recaudadora.
El avalúo técnico y la regla del 70 %
En un remate judicial o aduanero real, los precios no son fijados arbitrariamente ni existen “gangas” negociables por chat. Todo bien sometido a subasta cuenta con un avalúo comercial técnico y oficial. Por ley, las personas interesadas en participar deben ofertar, como mínimo, el 70 % del valor del avalúo del bien (en la mayoría de los casos iniciales). Si un vehículo está avaluado oficialmente en 100 millones de pesos, la puja válida iniciará en 70 millones. Cualquier oferta que prometa un vehículo por el 10 % o 20 % de su valor real es matemáticamente y legalmente un fraude.
Depósitos virtuales y cuentas del Tesoro Nacional
Para ingresar a una subasta real, los interesados deben registrar sus datos personales de forma segura en las plataformas tecnológicas autorizadas y poseer una cuenta bancaria habilitada. Antes de pujar, el sistema exige realizar un depósito virtual (que actúa como garantía de seriedad de la oferta). Este dinero jamás se transfiere a la cuenta de un ciudadano particular, “tramitador” o “abogado” independiente; se consigna directamente a través de lineamientos técnicos hacia cuentas oficiales a nombre de las entidades estatales o fiduciarias autorizadas.
Precedentes judiciales: El alto costo de la suplantación pública
El fraude con falsos remates tiene antecedentes judiciales serios en Colombia que demuestran la magnitud del delito. En años recientes (como quedó evidenciado en capturas realizadas a mediados de 2025), las autoridades han desarticulado estructuras donde individuos se han hecho pasar por funcionarios de la DIAN, la Fiscalía General de la Nación o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante años, logrando apoderarse de cientos de millones de pesos bajo la misma modalidad de venta ficticia de inmuebles y carros decomisados.
Estos precedentes refuerzan el llamado a la desconfianza metódica. Los capturados por estas redes se enfrentan a graves cargos penales que incluyen estafa agravada, suplantación de identidad, falsedad en documento público y concierto para delinquir, delitos que conllevan severas penas en establecimientos carcelarios.
Guía para identificar un proceso real y evitar el engaño
- Verificación estricta del dominio web y correos: Asegúrese de que toda comunicación electrónica y portal web provenga invariablemente del dominio oficial @dian.gov.co (o http://www.dian.gov.co). Descarte de inmediato correos provenientes de Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo, o dominios extraños que incluyan palabras como “remates-dian” o “aduanas-subastas”.
- Cero pagos a personas naturales: Desconfíe absoluta y radicalmente de cualquier instrucción que le exija realizar pagos inmediatos, giros postales o transferencias bancarias a nombre de personas naturales (con cédula de ciudadanía) o a través de billeteras móviles convencionales. El Estado colombiano no recauda dinero de remates de esta manera.
- Consulta directa del catálogo: Si le ofrecen un vehículo, no confíe en el PDF enviado por WhatsApp. Ingrese usted mismo, digitando la dirección en su navegador, al portal institucional de la DIAN o a la plataforma oficial del banco autorizado, y busque el catálogo de bienes disponibles. Si el lote o el vehículo no aparece en la plataforma oficial, no existe.
- Escepticismo ante la urgencia: La táctica de la urgencia (“si no consigna hoy, pierde el carro”) es la firma del estafador. Los procesos estatales tienen cronogramas públicos, fechas de apertura y cierre de subastas claramente definidas y publicadas con semanas de antelación.
- Protección de datos personales: Nunca comparta fotografías de su cédula de ciudadanía, RUT, información personal, ni claves o extractos bancarios a través de aplicaciones de mensajería informal. Estos datos pueden ser utilizados posteriormente para suplantarlo a usted en la apertura de productos financieros ilegales.
¿Qué hacer frente a un intento de fraude?
La institución tributaria hace un llamado constante a la prevención y a la acción temprana. Si usted identifica un contacto sospechoso, recibe un correo fraudulento o, lamentablemente, ya ha realizado una transferencia de dinero bajo esta modalidad, debe actuar de inmediato:
- Corte la comunicación: No confronte al delincuente ni le envíe más información.
- Preserve la evidencia digital: Tome capturas de pantalla de los perfiles de redes sociales, de las conversaciones de WhatsApp, de los números telefónicos, de los correos electrónicos recibidos y, fundamentalmente, de los comprobantes de transferencia bancaria y los números de cuenta a los que se envió el dinero.
- Denuncie oficialmente: Todo intento de fraude cibernético o estafa consumada debe ser reportado sin dilación ante el CAI Virtual de la Policía Nacional (a través de su portal oficial https://caivirtual.policia.gov.co). Adicionalmente, se debe interponer la respectiva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que las autoridades puedan rastrear las cuentas receptoras e intentar congelar los fondos y desarticular la red criminal que busca lucrarse con el trabajo y ahorro de los colombianos.
Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre remates de la DIAN
¿Es posible que un funcionario de la DIAN me ofrezca un vehículo por WhatsApp?
No, bajo ninguna circunstancia. Es una política estricta de la entidad no realizar ofertas comerciales, ventas directas ni remates judiciales a través de aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales. Todo contacto por estas vías es un intento de estafa.
¿Dónde puedo validar si un remate de carros de la DIAN es real?
Debe consultar exclusivamente la página web oficial de la DIAN (www.dian.gov.co) en su sección de subastas y remates, o el portal de El Martillo del Banco Popular. Si la oferta no está listada en estos dos canales oficiales, se trata de un fraude.
Me enviaron un carné y un documento con sellos oficiales, ¿cómo sé que es falso?
Los delincuentes falsifican documentos utilizando logotipos extraídos de internet. La veracidad de un remate no se comprueba por un documento en PDF enviado por un chat, sino confirmando la existencia del proceso directamente en las plataformas institucionales del Estado o comunicándose a las líneas de atención oficiales (conmutador) de la entidad.
¿Puedo participar en un remate si no tengo el 100 % del dinero?
Las reglas de las subastas institucionales exigen la realización de depósitos previos de seriedad y establecen tiempos estrictos para el pago del saldo restante una vez adjudicado el bien. Estos detalles financieros están estipulados públicamente en los pliegos de condiciones de cada subasta legal en la página web del Estado, no a través de acuerdos informales con supuestos tramitadores.
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Casco certificado en Colombia: cómo saber si el suyo es legal
Qué norma debe cumplir un casco de moto en Colombia, qué dice la etiqueta, por qué el sello DOT no basta y cuánto cuesta la multa por no usarlo en 2026.
Un casco certificado en Colombia es el que cumple el reglamento técnico expedido por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 1080 de 2019. En la práctica eso significa que el casco debe estar fabricado y ensayado bajo la norma NTC 4533 del Icontec o bajo el Reglamento 22 de Naciones Unidas, y que debe llevar una etiqueta con datos verificables. Si el casco que usted usa no trae esa etiqueta, no cumple.
Esta guía explica qué norma aplica, cómo leer la etiqueta antes de pagar, por qué el sello DOT por sí solo no resuelve el requisito en Colombia y cuánto cuesta el comparendo por no usar casco.
Qué norma debe cumplir un casco en Colombia
El marco vigente se apoya en dos resoluciones del Ministerio de Transporte que cumplen funciones distintas.
La Resolución 1080 del 19 de marzo de 2019 expide el reglamento técnico de cascos protectores para motocicletas, cuatrimotos, motocarros y mototriciclos. Regula el producto: qué debe cumplir un casco para poder importarse, fabricarse y venderse en el país.
La Resolución 23385 del 20 de noviembre de 2020 regula el uso. Fija las condiciones mínimas con las que conductor y acompañante deben llevar puesto el casco, y rige desde el 23 de enero de 2021.
Sobre la norma técnica hubo una actualización importante. El reglamento original exigía el Reglamento 22 de Naciones Unidas en su serie de enmiendas 05. La Resolución 20233040005155 de 2023 modificó ese punto y permitió también la serie 06 y las versiones posteriores. Así quedaron los estándares admitidos:
| Estándar | Qué es | Situación en Colombia |
|---|---|---|
| NTC 4533 | Norma técnica colombiana del Icontec, en su versión de 2017 | Admitida |
| UN R22.05 | Reglamento 22 de Naciones Unidas, serie de enmiendas 05 | Admitida |
| UN R22.06 | Reglamento 22 de Naciones Unidas, serie de enmiendas 06 | Admitida desde 2023 |
La NTC 4533 en su versión 2017 se construyó tomando como base el Reglamento 22.05 de Naciones Unidas. Por eso los ensayos que exige son equivalentes: absorción de energía, resistencia de la coraza, rigidez estructural y comportamiento del sistema de retención.
Cómo leer la etiqueta antes de comprar
La etiqueta es la herramienta de verificación del comprador. El reglamento exige que cada casco traiga una con información específica. Revísela físicamente en el almacén, no en la foto del aviso.
- Nombre del producto: debe identificarlo como casco para uso en motocicletas y vehículos afines.
- Talla.
- País de origen.
- Norma que cumple: aquí debe aparecer la NTC 4533 o el Reglamento 22 de Naciones Unidas.
- Datos del fabricante o del importador.
- Número de lote y fecha de producción.
Hay un detalle adicional que introdujo la actualización de 2023: si el casco no ofrece protección para el mentón, la etiqueta debe advertirlo. Es lo que ocurre con los modelos abiertos tipo jet, que son legales pero cubren menos.

Por qué el sello DOT por sí solo no basta
Este es el punto donde más se equivoca el comprador colombiano. En el mercado circulan cascos que traen únicamente el sello DOT FMVSS 218, el estándar de Estados Unidos, y muchos vendedores los presentan como certificados.
El reglamento técnico colombiano no incluye el DOT entre los estándares admitidos. La Resolución 1080 de 2019 y su modificación de 2023 se refieren a la NTC 4533 y al Reglamento 22 de Naciones Unidas. Un casco que solo acredite DOT no está cubriendo lo que exige la norma nacional.
Esto no significa que un casco DOT sea inseguro. Significa que, para efectos del requisito colombiano, el sello que debe buscar en la etiqueta es NTC 4533 o R22. Algunos cascos importados traen doble homologación y en ese caso sí sirven, porque acreditan el estándar admitido además del estadounidense.
Cómo se debe usar el casco según la norma
Tener el casco correcto no es suficiente si se lleva mal puesto. La Resolución 23385 de 2020 fija condiciones mínimas de uso, y son las que revisa el agente de tránsito en la vía.
- Abrochado. La hebilla del barbuquejo debe estar cerrada y ajustada. Un casco suelto sale de la cabeza en el primer impacto.
- Bien puesto. Debe cubrir la cabeza en la posición para la que fue diseñado, sin quedar corrido hacia atrás.
- Conductor y acompañante. La exigencia aplica a los dos ocupantes de la moto.
El ajuste correcto se comprueba con una prueba simple en el almacén: con el casco puesto y abrochado, mueva la cabeza de lado a lado y hacia abajo. La piel de la frente debe moverse con el casco. Si el casco gira y la cabeza no, la talla es grande.
Cuánto cuesta no usar casco en 2026
No llevar casco, o llevarlo de forma indebida, es una infracción tipo C del Código Nacional de Tránsito, la Ley 769 de 2002.
En 2026 cambió la forma de liquidar los comparendos. Las multas dejaron de calcularse sobre el salario mínimo diario y pasaron a la Unidad de Valor Básico (UVB), fijada en $12.110 por el Ministerio de Hacienda a finales de 2025. Una infracción tipo C equivale a 52,29 UVB, es decir $633.200.
A ese valor se suma la inmovilización del vehículo, que arrastra costos de grúa y de patios. Puede consultar el detalle en nuestra tabla de multas de tránsito para motos en 2026, con los valores por cada código de infracción.
El pago temprano tiene descuento: 50 % dentro de los cinco días hábiles siguientes y 25 % entre el día seis y el veinte, en ambos casos con el curso pedagógico obligatorio.
Cómo elegir la talla y el tipo correcto
La talla se determina midiendo el perímetro de la cabeza con una cinta métrica, por encima de las cejas y alrededor de la parte más ancha del cráneo. Ese número en centímetros se compara con la tabla del fabricante, que varía entre marcas. No asuma que su talla es la misma en todas.
Sobre el tipo, la decisión depende del uso:
- Integral: cubre el mentón. Es la opción con mayor cobertura para vía urbana y carretera.
- Modular o abatible: permite levantar la mentonera. Práctico para uso mixto y para quien usa gafas.
- Abierto o jet: legal si cumple la norma, pero sin protección de mentón. La etiqueta debe advertirlo.
Un criterio adicional que suele pasarse por alto: el visor. Debe estar libre de rayones profundos, porque de noche dispersan la luz de los vehículos que vienen de frente y reducen la visibilidad de forma notoria.
Cuándo reemplazar el casco
Hay un caso que no admite discusión: después de un golpe fuerte, el casco se cambia, aunque por fuera se vea intacto. El poliestireno interior absorbe el impacto deformándose y no recupera su capacidad.
Para el desgaste normal, use como referencia la fecha de producción que el reglamento obliga a imprimir en la etiqueta. Los materiales del interior se degradan con el sudor, el sol y el uso diario, y cada fabricante indica el periodo de vida útil que recomienda para su producto. Revise también el estado del barbuquejo y de las almohadillas: si el acolchado está aplastado, el casco ya no ajusta como cuando lo compró.
Lo que aún no está claro
El reglamento resolvió qué debe cumplir un casco, pero quedan zonas grises que afectan al comprador.
La principal es la verificación en el punto de venta. Existe un mercado informal amplio, sobre todo en ventas ambulantes y plataformas en línea, donde circulan cascos con etiquetas que imitan las de un producto certificado. No hay una herramienta pública de consulta rápida que le permita al motociclista validar en el momento si un lote o un certificado son auténticos.
La segunda es la transición hacia el R22.06. El reglamento admite ese estándar desde 2023, pero la norma no obliga a cambiar los cascos que ya están en uso bajo la serie 05. Eso deja conviviendo en la calle cascos con exigencias de ensayo distintas, sin una fecha definida para unificar el criterio.
La tercera es el uso de cámaras y accesorios adheridos al casco, un tema que ha generado interpretaciones diferentes entre autoridades locales y que todavía no tiene una regla nacional uniforme.
Preguntas frecuentes
¿Un casco comprado en el exterior sirve en Colombia?
Sirve si acredita alguno de los estándares admitidos: NTC 4533 o el Reglamento 22 de Naciones Unidas en sus series 05 o 06. Revise la etiqueta interior antes de viajar con él.
¿El acompañante también debe usar casco certificado?
Sí. La exigencia cubre al conductor y al acompañante, y las condiciones de uso son las mismas para los dos.
¿Sirve un casco de bicicleta o de ciclomotor?
No. El reglamento técnico se refiere a cascos para motocicletas, cuatrimotos, motocarros, mototriciclos y similares. Un casco de bicicleta no se ensaya bajo esos requisitos.
¿Puedo usar el casco si perdió la etiqueta?
La etiqueta es el medio de prueba de que el producto cumple el reglamento. Sin ella no hay forma de acreditar la norma ante una autoridad de tránsito. Conserve también la factura de compra.
Si está armando su equipo desde cero, revise igualmente qué exige la norma en materia de llantas y, si va a comprar de segunda, nuestra guía sobre qué revisar en una moto usada antes de pagar.
Información normativa verificada el 4 de septiembre de 2026 con las resoluciones del Ministerio de Transporte citadas. La regulación puede cambiar; consulte siempre la norma vigente.
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