¿NOS ESTÁN ROBANDO EL DINERO DE LAS INFRACCIONES EN BOGOTÁ? La radiografía fiscal tras el negocio de la detección electrónica

Para cualquier ciudadano que transita a diario por la capital del país, conducir un vehículo o una motocicleta se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada por los trancones interminables, el deterioro visible de la malla vial y la presencia implacable del control electrónico. Sin embargo, mientras el bolsillo de los bogotanos se desangra diariamente a través de la imposición de Comparendos Automáticos y Semiautomáticos de Infracciones de Tránsito, surge un interrogante que indigna a la opinión pública: ¿a dónde va a parar realmente esa millonada recaudada?

Una exhaustiva investigación periodística, basada en documentación oficial expedida por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), hallazgos fiscales de la Contraloría de Bogotá y las recientes denuncias presentadas en el Concejo de Bogotá por la cabildante Rocío Dussán Pérez, revela que la red de gestión de tráfico de la capital enfrenta una severa crisis de legitimidad, eficiencia y transparencia. Los expedientes sacan a la luz presuntas irregularidades y detrimentos patrimoniales que superan los $8.000 millones de pesos, exponiendo un modelo en el que la captación masiva de dinero prevalece sobre la verdadera inversión tecnológica y la protección de la vida en las vías.

Recaudo récord vs. desmantelamiento tecnológico: Las cifras del descuadre fiscal

La premisa con la que se justificó la llegada de los dispositivos electrónicos a las avenidas de la capital fue estrictamente pedagógica y preventiva: reducir la siniestralidad vial y salvar vidas. No obstante, el comportamiento de las arcas presupuestales de la Secretaría Distrital de Movilidad entre los años 2021 y 2025 dibuja una realidad enteramente distinta.

De acuerdo con las respuestas oficiales a derechos de petición analizados por el Concejo, el ingreso por concepto de sanciones de tránsito registró un aumento vertiginoso del 813%, consolidando una entrada media diaria de $1.146.916.655 de pesos a las cuentas del Distrito. Pero, de forma contradictoria a lo esperado por la ciudadanía, este crecimiento exponencial en el recaudo no se tradujo en una mejor infraestructura operativa.

En el periodo comprendido entre 2022 y 2025, los recursos orientados a la modernización tecnológica del tránsito sufrieron una drástica reducción del 40%, pasando de $11.342.418.270 de pesos a tan solo $6.763.457.449 de pesos. ¿A dónde migrating entonces esos caudales financieros? Los documentos revelan un preocupante viraje presupuestal: la contratación de personal financiada directamente con el dinero de las multas de tránsito subió un 54,36%, incrementándose de $66.730.993.228 de pesos a la astronómica cifra de $103.001.589.146 de pesos.

Este escenario plantea un dilema ético e institucional sobre la gestión de la administración encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán: los cobros coactivos a los conductores parecen haber sido desviados para apalancar una voluminosa nómina paralela de prestación de servicios, en lugar de modernizar las arterias viales de la ciudad.

Cámaras fantasma y la intermediación con ETB: Los hallazgos de la Contraloría

El capítulo más crítico de esta fiscalización recae sobre el verdadero estado y costo del parque de fotodetección instalados en los puntos calientes del tráfico capitalino. El inventario oficial del Distrito contabiliza un total de 81 cámaras de fotomultas, pero el diagnóstico operativo expone un sistema roto: 35 cámaras están suspendidas o fuera de servicio, y en 8 de esos puntos designados ni siquiera existe una cámara física instalada.

Pese a que casi el 43% del parque de fotodetección está inoperativo, los costos pagados por el Distrito para mantener y certificar esos dispositivos se dispararon a niveles injustificables:

• El costo de mantenimiento anual de las cámaras registró un incremento del 687% entre 2021 y 2025, pasando de $211,4 millones a $1.664.716.053 de pesos. Al observar únicamente el lapso 2022-2025, el aumento en mantenimiento fue del 172%.
• El costo de calibración técnica de los equipos sufrió un disparo descontrolado del 981%, elevándose desde los $96.628.000 de pesos en 2022 hasta situarse en más de $1.044.346.380 de pesos en 2025.

El negocio del sobrecosto contractual

A la paradoja de pagar mantenimientos millonarios por aparatos fuera de servicio se suma un hallazgo fiscal de gravedad penal y administrativa determinado por la Contraloría de Bogotá. La Secretaría Distrital de Movilidad suscribió un esquema interadministrativo con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) por un valor de $8.489.696.530 de pesos, destinado al suministro de 25 cámaras de fotodetección.

Las investigaciones del ente de control fiscal comprobaron que la totalidad de esos 25 dispositivos comprados y pagados jamás fueron instalados en las calles. Peor aún, la auditoría identificó una diferencia injustificada de $1.535.487.490 de pesos por encima de los precios comerciales de fábrica cotizados por los constructores originales de la tecnología, las firmas internacionales Hikvision y Neural Labs. Esta brecha presupuestal, cobrada bajo el argumento del margen operativo e IVA de la ETB, fue calificada formalmente como un presunto detrimento patrimonial, dejando en evidencia cómo la intermediación estatal encareció los contratos sin entregar soluciones operativas a la ciudadanía.

El engaño de la semaforización “inteligente”: Repuestos costosos sin Inteligencia Artificial

La gestión de las redes semafóricas de Bogotá no escapa a esta dinámica de gasto ineficiente. En el año 2025, la Secretaría de Movilidad destinó $3.799.976.901 de pesos para adquirir repuestos y componentes dirigidos a la flota de controladores semafóricos modelo C900.

Esta millonaria erogación se ejecutó ignorando de manera abierta las recomendaciones técnicas emitidas por una consultoría especializada contratada previamente por la misma entidad, identificada como la consultoría PE22A2. El estudio había concluido que la ruta financieramente más viable y técnica para la capital era reutilizar y repotenciar los equipos existentes en lugar de realizar compras masivas de piezas para controladores obsoletos.

Por si fuera poco, las actuaciones administrativas de la Contraloría de Bogotá revelaron que la ficha técnica del fabricante no certifica que los controladores C900 funcionen mediante algoritmos de inteligencia artificial o posean autonomía para la regulación del flujo vehicular en tiempo real. En la práctica, Bogotá pagó miles de millones de pesos por controladores programables de tecnología convencional, vendiéndole a la opinión pública un moderno “sistema inteligente” que carece de soporte técnico real.

Consultas al RUNT y la falla de las cámaras LPR: La duplicidad en el gasto público

Dentro de los expedientes más contundentes que hoy reposan en las salas de control disciplinario y fiscal sobresale la investigación por el acceso a la base de datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Entre 2021 y 2024, la Secretaría Distrital de Movilidad efectuó un total de 5.467.476 consultas al RUNT a través de la intermediación contractual de la ETB, desembolsando una bolsa general de $6.501 millones de pesos. De esta suma, $3.552.023.379 de pesos fueron destinados de manera específica a validar la identidad de los propietarios para la notificación de fotomultas.

La Contraloría abrió un proceso formal de responsabilidad fiscal vinculando a exsecretarios de movilidad y directivos de la ETB, argumentando una clara contravención al artículo 9 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito). Dicha norma consagra que la información del RUNT es de carácter público. Dado que el concesionario privado que administra el registro ya percibe ingresos del Estado por la gestión de la plataforma, pagar un costo adicional por consultar los datos implica una doble retribución sin sustento legal, violando los principios de necesidad, economía y eficiencia del gasto público.

Las cámaras LPR que no detectan el delito

Esta seguidilla de vacíos en la planificación tecnológica salpica también a la seguridad ciudadana. En 2023, la administración distrital destinó más de $14.300 millones de pesos para la adquisición de 200 cámaras de Reconocimiento Automático de Placas (LPR).

Denuncias ventiladas por la concejala Rocío Dussán Pérez confirmaron que, más de dos años después de su adquisición, solo 90 cámaras LPR están operando en las arterias de la ciudad. Lo más grave desde la perspectiva del control del crimen es que los pocos dispositivos activos ni siquiera están interconectados con las bases de datos de vehículos robados de la Policía Metropolitana de Bogotá, dejando al descubierto una costosa red tecnológica incapaz de prestar el servicio preventivo para el que fue comprada.

El tsunami político y mediático: Entre el rechazo ciudadano y la versión oficial

Las implicaciones de este expediente han desencadenado una fuerte tormenta política y un intenso debate en los principales medios radiales y televisivos del país. En entrevistas concedidas a plataformas informativas de alto impacto como la emisora Tropicana (en el programa Cómo Amaneció) y el canal de televisión CityTV, la concejala Rocío Dussán reiteró que la infraestructura de fotomultas de la capital se convirtió en una trampa de recaudo para “exprimir el bolsillo” de la gente, al tiempo que se registra una ejecución presupuestal crítica en programas estratégicos de seguridad e infraestructura vial, los cuales apenas alcanzaron ejecuciones entre el 5,7% y el 16% en el primer semestre de 2026.

El malestar retumbó también en el escenario legislativo y distrital:

• El concejal Julián Forero solicitó congelar de manera inmediata cualquier nuevo punto de fotodetección, calificando el sistema de cobro punitivo contra el ciudadano golpeado por la parálisis vial.
• El concejal Julián Espinosa criticó la prioridad tarifaria y sancionatoria de la administración frente a los graves problemas de movilidad que padece el usuario diario.
• El representante a la Cámara Daniel Briceño hizo un llamado a las autoridades de control nacional para intervenir el montaje de nuevos dispositivos en corredores neurálgicos.

En la otra orilla, la Secretaría Distrital de Movilidad, liderada por la secretaria María Fernanda Ortiz, defendió la legitimidad y los criterios técnicos del sistema, rebautizado conceptualmente como “Cámaras Salvavidas”. Según la funcionaria, la red de dispositivos está amparada bajo criterios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y proyecta evitar 900 personas lesionadas y salvar cerca de 50 vidas en el próximo cuatrienio.

Asimismo, la entidad confirmó el inicio gradual de 41 nuevas cámaras de fotodetección, amparadas por la Resolución 358 de 2026 de la ANSV. La primera fase abarca 18 cámaras en 9 corredores estratégicos:

• Avenida NQS con Calle 25A (Sentido Norte-Sur)
• Avenida NQS con Calle 9 (Sentido Norte-Sur y Sur-Norte)
• Avenida NQS con Calle 47A (Sentido Norte-Sur y Sur-Norte)
• Avenida Las Américas con Carrera 58 (Sentido Oriente-Occidente y Occidente-Oriente)
• Avenida El Dorado con Carrera 17 (Sentido Oriente-Occidente)
• Avenida El Dorado con Carrera 25 (Sentido Occidente-Oriente)

De acuerdo con el cronograma del Distrito, entre el 4 y el 11 de septiembre de 2026 se adelantará una fase exclusivamente pedagógica, dando paso al inicio formal de las sanciones económicas a partir del 12 de septiembre de 2026.

Sin embargo, el panorama dio un giro nacional tras la postura del presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó al Ministerio de Transporte y a la Superintendencia de Transporte auditar el funcionamiento de los sistemas automáticos en todo el país. Esta instrucción abre la puerta a la eventual revocatoria de oficio de aquellos comparendos emitidos por aparatos que no cumplan a cabalidad con la señalización previa, los estudios de siniestralidad o los requisitos de visibilidad exigidos por la legislación nacional.

Hacia una reforma urgente de la fiscalización vial

Al contrastar las cifras contractuales con la realidad vial que enfrentan conductores, motociclistas y transportadores en Bogotá, la conclusión de este análisis periodístico es categórica: el sistema de fotodetección de la capital requiere un rediseño estructural inmediato.

No resulta éticamente sostenible ni fiscalmente transparente que mientras el recaudo por infracciones rompe récords históricos superando el $1.146 millones diarios, los presupuestos de modernización del tráfico caigan un 40%, la nómina pagada con comparentos crezca un 54,36% y se registren detrimentos patrimoniales superiores a $8.000 millones de pesos por cámaras no instaladas, sobrecostos con la ETB, repuestos semafóricos sin inteligencia real y cobros duplicados por consultar el RUNT.

La seguridad vial no puede medirse por el volumen de dinero captado en las arcas del Distrito, sino por la capacidad técnica de prevenir muertes y agilizar el desplazamiento en la ciudad. Bogotá no necesita más cámaras convertidas en peajes urbanos implacables, sino una autoridad de tránsito transparente, con tecnología moderna que funcione en las calles y con organismos de control que garanticen que cada peso desembolsado por los ciudadanos se traduzca de forma efectiva en salvar vidas en la vía.

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